Álvaro Uribe sigue siendo una figura central en la política colombiana, incluso fuera del poder. Su presencia en redes sociales y en el debate público es innegable, especialmente cuando se trata de las reformas clave del actual gobierno, como la laboral y la de salud. Su postura es clara: las reformas son defectuosas y deben corregirse. Pero surge una pregunta inevitable: ¿cómo podemos saber si funcionarán si ni siquiera les dan la oportunidad de avanzar en el Congreso?

Es cierto que el gobierno de Petro tiene fallas, improvisaciones y decisiones polémicas, pero también es evidente que enfrenta un Congreso que, en muchos casos, parece más enfocado en bloquear que en debatir con altura. Y en este escenario, figuras como Uribe reaparecen con propuestas que parecen las únicas soluciones viables, como si fueran los salvadores de una crisis que ellos mismos ayudan a profundizar.

El problema no es solo la calidad de las reformas, sino el juego político en el que la oposición impide, el gobierno denuncia, y al final el ciudadano común es el que paga el precio de esta confrontación sin tregua. En una democracia sana, las reformas deberían poder probarse y, si fallan, corregirse. Pero en Colombia, el modelo parece ser el bloqueo sistemático y el discurso mesiánico de quienes, después de torpedear los cambios, se presentan como la única alternativa viable.

Entonces, ¿realmente se busca el bienestar del país o simplemente se trata de una lucha de egos y poderes que deja a los ciudadanos como rehenes de la polarización?