Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social (SISPRO), consulta 30 de julio de 2025, RUAF ND

Autor: Juan Sebastian Vargas Horler

La violencia letal en Colombia ha cambiado de forma, pero no de profundidad. Si bien a nivel nacional se registran fluctuaciones en las tasas ajustadas de homicidios, suicidios y accidentes, su lectura exige una mirada territorial que revele las desigualdades estructurales. Departamentos como el Cauca, históricamente atravesados por la presencia de guerrillas, economías ilícitas, minería informal y débil presencia institucional, siguen reflejando niveles alarmantes de letalidad.

Durante las dos últimas décadas, el Cauca ha concentrado algunas de las tasas más elevadas de muertes violentas en el país. Entre 2005 y 2024, alcanzó un promedio de 84,6 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, una cifra considerablemente superior al promedio nacional, que se ha situado alrededor de los 45 por cada 100.000 habitantes en ese mismo periodo. Este dato proviene de fuentes oficiales consolidadas a partir de las necropsias médico-legales realizadas en todo el país, las cuales dan lugar al registro de defunciones violentas que alimenta el sistema nacional de estadísticas vitales. Posteriormente, estas cifras son ajustadas demográficamente y publicadas a través de plataformas oficiales de salud pública, lo que permite un seguimiento confiable de la magnitud del fenómeno.

Aunque en algunos años se evidenciaron descensos relativos, el comportamiento ha sido marcadamente persistente, con picos recientes que refuerzan la hipótesis de una violencia adaptada a las nuevas dinámicas del conflicto armado y a la disputa por economías ilegales en territorios rurales, con fuerte presencia indígena y afrodescendiente. En ese contexto, el Cauca no solo ilustra un problema regional, sino que expone las limitaciones de las políticas nacionales para garantizar seguridad y presencia estatal efectiva en zonas históricamente marginadas.

A esta situación se suma una realidad estructural que, lejos de ser nueva, evidencia el fracaso histórico de las políticas sociales para transformar las condiciones que alimentan la violencia. El Cauca, con una población proyectada de 1.590.171 habitantes en 2025, reporta al menos 978.000 personas clasificadas en el SISBÉN, lo cual indica una amplia demanda de acceso a programas sociales del Estado. Sin embargo, lo más preocupante no es solo la magnitud de esta población, sino los indicadores que revelan la persistencia de condiciones críticas: un 30% de pobreza multidimensional, un 59,3% de bajo logro educativo, 10,3% de analfabetismo, 58,6% de informalidad laboral, 4,6% de inasistencia escolar y un 21,2% de rezago escolar. Estas cifras evidencian no solo pobreza, sino una profunda desprotección social sostenida por décadas.

Lo que agrava aún más este panorama es que amplios sectores históricamente excluidos, como una parte significativa de la población indígena no están censados en el SISBÉN, lo que distorsiona la dimensión real de la desigualdad y limita la capacidad del Estado para intervenir con enfoque diferencial y territorial. Esta omisión técnica, que ha persistido a lo largo de diferentes gobiernos, refleja una política pública más enfocada en el registro que en la transformación efectiva de las condiciones de vida. Estas condiciones estructurales no solo reflejan pobreza, sino también una acumulación histórica de desigualdades que limitan el acceso a oportunidades, a la justicia y a una institucionalidad garante de derechos. En consecuencia, la violencia en el Cauca debe ser entendida no solo como un fenómeno criminal o de orden público, sino como la expresión letal de un entramado profundo de inequidades, ausencias del Estado y vulneraciones históricas.

Este análisis no solo abarca las tasas nacionales (2005–2024), sino que añade una dimensión clave: los homicidios ocurridos en el Cauca durante el primer semestre entre 2018 y 2025, permitiendo contrastar el impacto de los gobiernos de Duque y Petro en uno de los departamentos más violentos del país.

Ilustración 1 Tasa ajustada de homicidios y muertes violentas por cien mil habitantes (Colombia - Dpto. Cauca) durante 2005 - 2024

Tasa Promedio de Homicidios y Violencia Letal en el Departamento del Cauca Según Periodos Presidenciales (2005–2024)

El análisis de las tasas ajustadas de homicidios en Colombia, comprendidas entre 2005 y 2024, revela comportamientos diferenciados por periodos presidenciales. Es importante aclarar que, para evitar interpretaciones erróneas, este ejercicio no toma como referencia el año de las elecciones ni el inicio formal del mandato presidencial (usualmente en agosto), sino que agrupa los datos según años fiscales completos. Por lo tanto, los gobiernos se consideran así:

• Álvaro Uribe Vélez (2005–2010)
• Juan Manuel Santos Calderón (2011–2018)
• Iván Duque Márquez (2019–2022)
• Gustavo Petro Urrego (2023–2024)*
  (*con más de un año restante de gobierno)

Esta forma de agrupación permite una comparación más justa y técnica entre administraciones, ya que evita atribuir a un nuevo gobierno resultados estadísticos que en realidad corresponden a políticas, condiciones estructurales o hechos ocurridos bajo la administración anterior.

Durante el periodo de Álvaro Uribe (2005–2010), la tasa promedio nacional de homicidios fue de 55,3 por cada 100.000 habitantes. Este periodo estuvo marcado por la implementación de la política de “seguridad democrática”, que logró reducir la capacidad militar de las guerrillas, pero también incrementó la militarización de territorios y generó una violencia residual con dinámicas regionales muy fuertes. La disminución inicial de homicidios fue más notoria en grandes centros urbanos, pero menos sostenida en zonas periféricas.

En el gobierno de Juan Manuel Santos (2011–2018), la tasa bajó a 40,0 por cada 100.000 habitantes. Este descenso se relaciona con el desescalamiento del conflicto armado y la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016. El proceso de desmovilización y la reducción de confrontaciones armadas en muchos territorios del país tuvieron un impacto directo sobre los homicidios, aunque en regiones como el Cauca las disputas por el control territorial continuaron o se reactivaron con otros actores.

Con Iván Duque (2019–2022), la tendencia se revirtió parcialmente, con un aumento a 49,6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Este repunte se vincula a una reconfiguración del conflicto tras el debilitamiento en la implementación del Acuerdo de Paz, el avance de grupos armados residuales y el fortalecimiento de economías ilegales, como el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando. Además, hubo un retroceso en las capacidades del Estado para garantizar seguridad y justicia en múltiples regiones.

En el periodo actual, bajo Gustavo Petro (2023–2024), se evidencia nuevamente una tendencia a la baja, con una tasa nacional de homicidios de 46,7 por cada 100.000 habitantes, aun cuando su gobierno no ha culminado y aún resta más de un año de mandato. Este resultado preliminar es relevante si se considera el enfoque diferenciado del actual gobierno, que ha centrado sus esfuerzos en combatir las economías ilegales, consideradas el motor de la violencia en muchas regiones, a través de un enfoque integral de seguridad, desarrollo social y negociación con actores armados ilegales.

Petro ha apostado por desmantelar las estructuras que sostienen la violencia, no solo mediante la acción coercitiva del Estado, sino también mediante su política de "Paz Total", que busca reducir la violencia de raíz a través del diálogo, la inversión social y la presencia territorial integral. Aunque los resultados aún están en construcción y sujetos a múltiples tensiones, la reducción incipiente en las tasas de homicidios podría indicar que la estrategia comienza a tener efectos medibles.

La violencia en el Cauca (2018–2025): un reflejo de los ciclos de gobierno

Entre 2018 y 2025, analizando los homicidios ocurridos durante el primer semestre de cada año, se contabilizan más de 2.900 muertes violentas, con una distribución territorial profundamente desigual. El Norte del Cauca, históricamente afectado por el conflicto armado y por ser un corredor estratégico para el narcotráfico y otras economías ilícitas, concentra casi la mitad de todos los homicidios del periodo, seguido por el Centro y el Sur. Esta distribución geográfica no solo evidencia la persistencia de zonas críticas, sino también la necesidad de abordajes territoriales diferenciados en la formulación de políticas públicas.

Durante el periodo presidencial de Iván Duque Márquez, comprendido fiscalmente entre 2019 y 2022, el Cauca vivió una de las fases más críticas en términos de homicidios. Aunque el año 2020 presentó una leve reducción asociada al confinamiento por la pandemia, que limitó la movilidad, alteró dinámicas sociales y redujo temporalmente la actividad criminal, los años siguientes mostraron un incremento sostenido. Este repunte se relaciona con el debilitamiento de la implementación del Acuerdo de Paz, el reacomodo de grupos armados ilegales y la disputa por el control de las rentas derivadas de economías ilícitas. La respuesta institucional, centrada principalmente en estrategias militares, no logró contener el ascenso de la violencia, especialmente en regiones de alta ruralidad y baja gobernabilidad.

Con el inicio del gobierno de Gustavo Petro en 2023, se observan cambios importantes en el comportamiento de los homicidios. Aunque los niveles absolutos siguen siendo elevados, no se mantiene la tendencia creciente del periodo anterior. Más bien, se perfila una etapa de relativa estabilización, con señales de contención en la tasa ajustada. A diferencia de sus antecesores, la administración actual ha orientado su estrategia hacia un enfoque estructural que prioriza el diálogo con actores armados, la intervención en las raíces económicas de la violencia y la reorientación de las políticas agrarias en beneficio de pequeños productores. Esta combinación busca no solo combatir los síntomas de la violencia, sino modificar las condiciones que la hacen sostenible en el tiempo.

Las acciones estatales se han enfocado también en atacar las cadenas de comercialización de las economías ilegales, desmontando no solo sus frentes armados sino su lógica financiera. Paralelamente, se han fortalecido mecanismos de presencia institucional integral en zonas rurales, trascendiendo el enfoque meramente militar. Si bien aún es temprano para hablar de impactos consolidados, estas apuestas abren posibilidades de transformación para territorios históricamente marginados como el Cauca.

Persistencia territorial del conflicto

El análisis regional confirma que el Norte del Cauca permanece como el núcleo más afectado, incrementando incluso su participación porcentual en los homicidios recientes. Este fenómeno refleja la densidad de actores armados presentes, las disputas por rutas y territorios, y la insuficiencia de mecanismos sostenibles de control estatal. Por su parte, el Centro y Sur del departamento, aunque mantienen cifras estables, continúan evidenciando altos niveles de riesgo, especialmente en municipios con fuerte presencia de comunidades indígenas y afrodescendientes, donde los conflictos territoriales se entrelazan con luchas históricas por la autonomía y el acceso a los recursos.

Reflexión final

La evolución de los homicidios en el Cauca no puede leerse de forma aislada. Está profundamente conectada con los ciclos de políticas públicas, la voluntad política de los gobiernos y la capacidad institucional de transformar estructuras de exclusión, desigualdad y violencia. Si bien el actual gobierno no ha logrado una reducción dramática de la violencia, sí ha contenido su escalada, introduciendo elementos novedosos en la respuesta estatal que podrían, de sostenerse en el tiempo, modificar el curso del conflicto en el departamento. Cauca se mantiene como un territorio en disputa, pero también como un espacio donde la esperanza se abre paso entre el fuego, apuntando hacia una paz que requiere más que silencios armados: necesita justicia territorial, reconocimiento étnico y desarrollo con equidad.