Quienes suscribimos este comunicado somos mujeres y hombres comprometidos con la transformación democrática de Colombia, con la libertad de prensa y con la construcción de una comunicación pública al servicio de los pueblos. Nos pronunciamos en un momento en que el debate nacional sobre el acoso en los medios ha sido capturado por una operación política que, lejos de buscar justicia para las mujeres, busca debilitar una institución pública que incomoda al poder mediático privado.
Esa operación tiene nombre: es la instrumentalización del caso de Hollman Morris para desviar la mirada de lo que verdaderamente ocurrió y sigue ocurriendo en Caracol Televisión, RCN y los grandes conglomerados de comunicación que por décadas gobernaron sin rendición de cuentas la narrativa de este país.
I. LA VERDAD QUE SE OCULTA: EN CARACOL Y RCN EL ACOSO DURÓ DÉCADAS Y NO PASÓ NADA
El escándalo que hoy sacude a Colombia no nació el 20 de marzo de 2026. Nació en 2017, en 2019, en 2023. Nació cada vez que una mujer periodista entró a la oficina de un presentador estrella en los principales canales privados del país y salió con miedo, con vergüenza y con la certeza de que si hablaba, perdía el trabajo.
"Todo este calvario de acoso sexual y laboral empieza en mi caso en el 2017. Con una ilusión gigante de pertenecer. Me coge por detrás, me abraza muy pegado, me da un beso en la boca SIN PERMISO, SIN AUTORIZACIÓN, SIN TENER NADA." — Periodista 'Valeria', sobre su experiencia en RCN y Caracol Televisión, marzo de 2026.
Esa periodista, como otras, denunció internamente. La respuesta de la empresa fue guardar silencio. El acosador continuó en pantalla. En 2023, directivos de Caracol supieron de al menos cuatro casos adicionales contra Ricardo Orrego. No pasó nada. Estamos en 2026 y no pasó nada. Esa es la frase que debería estar en todos los titulares. Esa es la crisis real del periodismo colombiano.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) lo confirmó con claridad: estas agresiones no son casos aislados sino un patrón histórico que condiciona el ejercicio periodístico de las mujeres, genera entornos de intimidación y promueve la autocensura. Un patrón que fue posible precisamente porque los medios privados operaron durante décadas sin mecanismos reales de denuncia, sin protección a las víctimas y sin consecuencias para los agresores.
II. LOS HECHOS, NO LOS TITULARES: EL DEBIDO PROCESO DE HOLLMAN MORRIS
En medio del ruido mediático de estos días es urgente hacer una distinción que el debate público ha ignorado deliberadamente: una cosa son los titulares de prensa y otra muy distinta son los hechos jurídicos. Como lo ha precisado la defensa del señor Morris, a la fecha de hoy Hollman Morris no ha sido sancionado penal, disciplinaria ni fiscalmente por actos de acoso sexual, acoso laboral ni detrimento patrimonial del Estado. Tampoco tiene procesos abiertos por ninguno de esos motivos. Esa es la realidad jurídica. Todo lo demás es especulación, presión política o desinformación.
Las redes sociales y los medios de comunicación no son estrados judiciales. Los periodistas no son jueces. Los titulares de prensa no son sentencias. En un Estado de Derecho, la culpabilidad se determina mediante proceso, prueba y autoridad competente —no mediante campañas mediáticas ni presión de sectores políticos con agenda electoral.
Ante señalamientos públicos que afectaron gravemente su honra, su buen nombre y el derecho al respeto por su familia, el señor Morris hizo exactamente lo que la Constitución Política de Colombia le garantiza como ciudadano: acudir a los mecanismos legales del Estado de Derecho para defender sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 15 y 42 de la Constitución. Invocar la ley para proteger la propia dignidad no es un acto de poder: es el ejercicio de un derecho que le asiste a cualquier persona en este país, independientemente de su cargo o su militancia política.
Su presunción de inocencia se mantiene intacta. Esa no es una opinión ni una postura política: es el estado jurídico actual, verificable, de un ciudadano colombiano que ha sido sometido a un escarnio público sostenido durante años sin que ninguna instancia judicial haya producido una condena en su contra. Exigir su renuncia como si existiera una sentencia que no existe es sustituir al juez por la presión de la calle. Es exactamente el tipo de justicia que decimos rechazar cuando la practican contra quienes defendemos.
La coherencia es aquí irrenunciable: no podemos defender el debido proceso y la presunción de inocencia selectivamente, solo cuando protege a quienes nos son afines. El debido proceso es un principio o no es nada. Y su aplicación a Hollman Morris no debilita la lucha contra el acoso —la fortalece, porque una justicia que prescinde del proceso para castigar a quien señala la opinión pública es la misma justicia que durante décadas fue incapaz de proteger a las víctimas reales en Caracol, en RCN, en todos los espacios de poder donde el escarnio nunca llegó.
III. RTVC: LA INSTITUCIÓN QUE EL PODER PRIVADO QUIERE DESESTABILIZAR
Hay una pregunta que nadie está haciendo y que es la más importante: ¿a quién le conviene que RTVC esté en el centro de una crisis justo cuando el escándalo golpea a Caracol y RCN?
La respuesta es transparente. Durante décadas, Caracol y RCN construyeron un duopolio de comunicación en Colombia que determinó qué se decía, cómo se decía y quién podía decirlo. Un sistema de medios públicos fortalecido, con vocación de servicio a las comunidades, al pluralismo y a la paz, representa una amenaza estructural para ese modelo.
Hollman Morris llegó a RTVC con una trayectoria de periodismo comprometido con los territorios, con las víctimas del conflicto, con las comunidades que los medios privados ignoraron sistemáticamente. Su gestión ha estado marcada por una apuesta por un periodismo público diferente: más diverso, más cercano a los pueblos, más incómodo para el establecimiento.
Precisamente por eso es atacado. No porque quienes lo atacan hayan descubierto súbitamente el feminismo, sino porque debilitar su figura es debilitar la institución, y debilitar la institución es restablecer el monopolio narrativo que la comunicación pública comenzó a disputar.
La pregunta que le hacemos a quienes exigen la salida de Morris desde la derecha política es simple: ¿dónde estaban cuando Caracol supo en 2023 de cuatro casos de acoso y no hizo nada? ¿Dónde estaban en 2017, en 2019? El silencio de entonces, y la urgencia de ahora, es la evidencia más clara de que esto no es feminismo. Es política.
IV. EL FEMINISMO POPULAR NO SE DEJA INSTRUMENTALIZAR Somos feministas. Y precisamente por eso no podemos guardar silencio ante el uso oportunista de la causa de las mujeres para fines que le son contrarios. Rita Segato ha señalado que el poder no solo se ejerce sobre los cuerpos sino sobre los discursos: capturar el lenguaje feminista para proteger intereses del poder mediático privado es una forma de violencia simbólica contra las mismas mujeres a quienes dice defender.
Las mujeres que en este momento exigen la cabeza de Morris desde el Congreso son, en su mayoría, las mismas que votaron contra el aborto, contra la política pública de igualdad de género, contra los mecanismos de protección a víctimas de violencia doméstica. Su feminismo dura exactamente lo que dura el escándalo mediático. El nuestro lleva años, en los territorios, en las instituciones, en las calles.
El feminismo popular latinoamericano —el de Segato, el de María Galindo, el de las organizaciones de mujeres campesinas e indígenas de este país— nos ha enseñado que la justicia no se construye linchando sino transformando. Que la reparación exige procesos, no espectáculos. Que las víctimas merecen justicia real, no instrumentalización electoral.
V. LO QUE EXIGIMOS
Desde nuestra convicción política y feminista, nos pronunciamos exigiendo:
→ Que el debate nacional se centre donde debe estar: en el patrón de acoso estructural en los medios privados colombianos —Caracol, RCN y sus estructuras de poder— que durante décadas silenció a las mujeres con total impunidad.
→ Que las investigaciones de la Fiscalía y del Ministerio de Trabajo sobre los medios privados avancen con el mismo rigor y urgencia que se demanda en los medios públicos. Ninguna empresa privada de comunicación puede estar por encima de la ley.
→ Que se respete el principio de presunción de inocencia y el debido proceso en el caso de Hollman Morris. A la fecha no existe condena penal, disciplinaria ni fiscal en su contra, y su presunción de inocencia se mantiene intacta.
→ Que se fortalezca RTVC como institución pública de comunicación, con independencia editorial, recursos suficientes y vocación de servicio a las comunidades que los medios privados han ignorado históricamente.
→ Que se garantice a Hollman Morris y a RTVC el pleno ejercicio de sus funciones institucionales sin presiones políticas, sin campañas de desgaste y sin que la opinión pública sustituya a los jueces competentes.
La comunicación pública es un bien común. Defenderla no es defender a un individuo: es defender el derecho de los pueblos a tener medios que los representen, que cuenten sus historias, que no les mientan. En Colombia, ese derecho tardó décadas en tener una institución que lo encarnara. No vamos a permitir que sea destruida por quienes nunca lo reconocieron.
Oscar Medina
Director Multivisión de Ccolombia